REVOCATORIA
ELECTRONICA
Escribe: Víctor
Omar Mendoza Rodríguez
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E
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n tiempos de
modernidad y tecnología resulta ilógico mantener procedimientos arcaicos para la
elección y revocatoria de autoridades. Estos métodos son costosos, inseguros e
incentivan el burocratismo y la corrupción así como la ineficiencia que se
reflejan en el caos institucional y de gestión, como se observa en diversos
sectores de la administración pública.
El sistema
vigente para elegir o designar autoridades no es uniforme, es desigual, y podríamos
colegir que tampoco es democrático cuando la designación es a dedo, por la
dosis subjetiva y especulativa de intereses políticos y económicos. En esos
casos algunas veces son electos los que más gastan en publicidad, o más bienes
regalan a los pobres, no se valora la capacidad y experiencia del candidato. Existen
actores que se reciclan periódicamente y en cierta forma pretenden ser
vitalicios recordándonos a Manchego Muñoz y Octavio Alva del siglo pasado. En
otros casos existe una suerte de metamorfosis con el fin de no perder poder, y
se reubican en otra tienda de la palestra política; pero en el fondo hacen
resistencia al cambio por la Gran Transformación que tiene origen desde los
tiempos de Víctor Raúl. Lo único que cambia es la cara de la autoridad o su estatus
social; pero nunca llega la ansiada justicia social.
Existen profesionales
de la política que venden la idea que democracia es el acto electorero por el
cual el pueblo elige autoridades para un periodo determinado y mancha su dedo
periódicamente, cuando en realidad elegimos a nuevos patrones que eventualmente
hacen uso y abuso del poder burlándose de sus promesas. Ofrecen pan y nos dan
palo. Hablan de justicia y no acatan las resoluciones judiciales y la Ley.
Cobran arbitrios de seguridad ciudadana sin prestar servicio alguno, cuando
vivimos en total inseguridad frente al chantaje, extorsión, o sicariato. Ya
nadie está seguro ni en su propia casa. Dicen que la pobreza disminuye; pero
recrudece la TBC infectando a médicos y enfermeras que son los encargados de
curarnos; el desempleo y la ola criminal alcanzan los niveles altos. Lo propio
ocurre con la contaminación ambiental por efectos de la explotación minera. Por
su parte la corrupción parecería legal, y no observamos sanciones eficaces en
altos niveles del aparato estatal. Las obras públicas muchas veces son improvisadas,
sobrevaluadas, efímeras y de mala calidad. Hay alcaldes que se limitan a
parchar y pintar pistas, imponer papeletas a los autos, o amenazar a los pobres
por retraso en el pago de arbitrios de inseguridad ciudadana, descuidando los
cinturones de miseria en barrios marginales y pueblos jóvenes que siguen en
abandono esperando otra elección sin esperanzas por la “Gran Transformación”
que data desde los años treinta del siglo pasado. Solo en contados casos pocas
autoridades pasan por tediosos y costosos procesos de revocatoria que muchas
veces se frustran por el poder económico que limita el derecho del pueblo.
Creemos que cada elector así como decide elegir a la autoridad que lo
representa, tiene perfecto derecho a revocarla cuando ésta defrauda la voluntad
popular, y/o se burla de sus promesas electorales y no las cumple. Este es un
derecho fundamental de la democracia real que todos debemos promover y
respetar.
¿Cómo se ejecutaría la revocatoria? En principio todas las autoridades
sin excepción deben estar sujetas a revocatoria. La tecnología permite ejecutar
actos en tiempo real, de tal forma que es factible implementar programas o
software que desde cualquier parte del territorio usando una computadora, cada
ciudadano puede expresar su voluntad revocadora de modo eficaz y sin costo
alguno. En tal sentido el Jurado Nacional de Elecciones – JNE – tan pronto
confirme que el resultado del voto inverso o revocador alcance el cincuenta y
uno por ciento del total de votos válidos que determinaron la elección, deberá
expedir la resolución pertinente declarando Revocado el mandato de la autoridad
cuestionada, y luego convocar a elecciones. Para dicho efecto, el Congreso
Nacional tiene el deber de estudiar y aprobar la norma legal pertinente. Sólo
así podremos hablar de democracia real, desterrando la falacia del engaño por
promesas incumplidas, o la presencia de autoridades venales y corruptas.
