SEGURIDAD CIUDADANA Y PELIGRO COMUN

En términos reales en Perú no existe seguridad ciudadana plena, incluso no estamos seguros ni siquiera dentro de las propias casas. El delito es lo que más crece y va en paralelo con el narcotráfico. En ese sentido estamos avanzando en forma peligrosa. Para mejor indagación, basta observar la información mediática y estadísticas policiales para corroborar el resultado que envilece la dignidad humana. Algunas referencias del problema podrían ser suficientes para ilustrar y graficar la concepción de algunos escépticos, así tenemos: • Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo callejero sin excepción • Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de los vehículos de servicio público • Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de un bus interprovincial • Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de su propia casa. Incluso los campesinos y selváticos sufren los efectos de la delincuencia dentro de su territorio. • Cualquier persona puede ser víctima de muerte por los facinerosos. La realidad muestra experiencias degradantes de la sociedad a niveles inconcebibles, máxime, cuando las propias autoridades como los policías que tienen por función esencial resguardar la seguridad ciudadana son pasibles de agresión y tampoco están seguros. ¿Quién cuida a la PNP? En suma, el problema no es cuestión exclusiva de barrios pobres, marginales, y/o zonas rojas, puesto que la realidad muestra casos insólitos y hechos frecuentes en zonas residenciales de niveles altos como: San Isidro, Miraflores, La Molina, Cieneguilla, Surco, San Borja, San Antonio, etc. Lo mismo ocurre en otras ciudades de la costa como Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote; en la sierra como Huancayo, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Puno, Huaraz; o en la selva como Iquitos, Tarapoto, Tingo María, Pucallpa, Madre de Dios, etc. Frente a esta caótica situación que refleja una sociedad en crisis y en estado de pobreza motivada por la falta de empleo, no se condice con la afirmación que pretende vender la imagen de un país en crecimiento. Somos una nación inmensamente rica en recursos naturales y materias primas; pero éstas no se orientan al desarrollo nacional, ni mucho menos para salir de la pobreza - falta dar valor agregado a las materias primas mediante la manufactura - y como decía Raymondi, somos mendigos sentados en banco de oro. En efecto, el Oro, zinc, cobre, molibdeno, plata, etc., son explotados por empresas transnacionales sujetas a contratos de concesión leoninos bajo condiciones de estabilidad jurídica y tributaria, cuyos términos deberían ser revisados y renegociados. Por esta razón las zonas mineras por tradición como Huancavelica, Cerro de Pasco, la Oroya, Pataz, Quiruvilca, Ancash, Cajamarca, Puno, etc., son al propio tiempo zonas de pobreza en abierta contradicción con la enorme riqueza que producen para la exportación. Es obvio que los inversionistas amasan inmensas fortunas a costa de la pobreza de los peruanos, cuando lo razonable sería una distribución más justa y equitativa de la riqueza con responsabilidad social y en función del costo – beneficio. Aquí se hace evidente que la brecha social crece en vez de reducirse, y así los ricos se hace más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres. Solo cuando logremos desaparecer esta brecha podríamos pensar en la paz y seguridad ciudadana, caso contrario el conflicto social seguirá vigente creando la necesidad de buscar nuevas formas de protección. Allí surge la idea de algunos Alcaldes que aplicando alta dosis política han tratado de competir con la deficiente función policial improvisando el conocido "serenazgo" que opera sin amparo legal para usar armas y/o detener personas; y de este modo su presencia resulta intrascendente. En todo caso el estado debería fortalecer la PNP consolidando el principio de autoridad y unidad de mando. Siendo así, el serenazgo sería impertinente y evitaría cualquier interferencia de la función policial. En este caso la seguridad ciudadana es función de la PNP y por ese servicio el pueblo no tiene porque pagar, pues siendo derecho fundamental de la persona corresponde al estado la obligación de garantizar la seguridad de todos los peruanos sin pago alguno. Por tanto el tributo por concepto de seguridad ciudadana que exigen algunos municipios carecen de sustento real y deberían ser eliminados, pues no son eficientes ni eficaces y solo generan más obligaciones al pueblo agudizando la pobreza.

CODIGO DE TRANSITO A PRUEBA DE FALLOS

El 22 de abril 2009 el diario oficial El Peruano publicó el nuevo Código de Tránsito aprobado por D.S. Nº 016-2009-MTC; sin embargo la página web del citado diario no permite la opción copia o imprimir facilitando la difusión de la norma. Entonces, ¿cómo puede el ciudadano común y corriente conocer el contenido de la ley para cumplirlo? Comprenderá usted que en muchos casos no es viable su cabal aplicación debido a las trabas que impone la burocracia obstaculizando su aplicación.

Sobre la materia, con fecha 20 de julio 2009 se publicó los Decretos Supremos Nº 28-2009-MTC y Nº 29-2009-MTC que modifican y/o amplían la primera norma que entró en vigencia el 21 de julio de 2009. Estos hechos muestran en principio improvisación y falta de coherencia cuya principal responsabilidad no corresponde obviamente al Ministro sino a los funcionarios encargados del asunto, entre otras por las consideraciones siguientes:

1.- Normas y Educación.- El grave problema del tránsito en mi opinión no es cuestión de leyes, sino de educación. En efecto, la proliferación de normas muchas veces improvisadas generan confusión y hacen compleja su aplicación debido a la deficiente difusión que entorpece su cumplimiento por parte de los actores como la PNP, conductores, y peatones. Esta observación es vital y tiene sustento en el frágil Reglamento o Nuevo Código de Tránsito, pues, éste antes de entrar en vigencia es objeto de modificaciones sistemáticas. Los hechos señalan falta de consistencia y no surten resultados eficaces. De otro lado, la proliferación de normas draconianas lejos de constituir medida correctiva o disuasiva para resolver los problemas del tránsito algunas veces la hacen compleja y obstruyen. Esta situación debilita el sistema de gestión y produce ineficacia, y así las metas y objetivos de la norma no estarían asegurados.

Por último, más del cincuenta por ciento de la población objetivo representada por choferes del servicio público carecen de educación básica en materia vial y cívica por lo que no comprenden ni valoran la importancia de las normas. Al contrario a la manera criolla auspician un procedimiento de administración venal y corrupta procurando el menor costo para su economía, antes que acatar la aplicación de una drástica sanción. Esta práctica irregular podría quebrar o al menos frenar los efectos del citado código, beneficiando ilegalmente a los infractores que tuercen la ley como secuela de la corrupción.

Las siguientes podrían ser las fundadas razones para sostener la importancia de la educación:

A) La educación muy venida a menos es esencial para consolidar la conciencia cívica y ciudadana de conductores y peatones como protagonistas y actores en el problema del tránsito. Por eso es indispensable que los centros educativos sin excepción incluyan en su currículo de estudios el curso de educación vial, cívica, y relaciones humanas de modo obligatorio.

B) El oficio de chofer no puede ser objeto del mercantilismo como al parecer estaría ocurriendo en muchos casos, de tal suerte que cualquier irresponsable puede acceder con suma facilidad a un brevete o licencia de conducir sin estar preparado para ello. Se especula que muchos habrían comprado la licencia de conducir y/o la re categorización. Peor aún si ésta licencia es usada en el servicio público transportando personas. Se requiere entonces corregir la anómala situación con el requisito indispensable de la educación que exijan sólida formación cívica, vial, y humanista para alcanzar el nivel de chofer profesional.

C) El manejo y administración del tránsito no podría continuar en manos de diversas autoridades como ocurre en la actualidad con intervención de la Municipalidad, SAT, PNP, y Ministerio de Transportes. Debe aplicarse el principio de Unidad de Mando, lo cual significa que solo una autoridad y/o dependencia de modo exclusivo y excluyente conoce y resuelve los problemas del tránsito. El sistema actual sistemáticamente genera conflictos mayores, primero por el reparto de la torta respecto de las multas, y segundo por interferencias en el ejercicio de la autoridad. Las multas no deberían servir para financiar gastos corrientes, sino para impulsar la educación.

2.- Publicación de la Norma.- La publicación es fundamental para vigencia de la ley acorde con la constitución política. Es obvio que para cumplirla primero hay que conocerla. Pero si el propio diario oficial bloquea las opciones de IMPRIMIR y COPIAR, el público usuario está impedido de conocer la norma de modo ágil y directo, y por ende no podrá acatarla ni cumplirla por las trabas existentes. El pueblo en general no compra El Peruano, sino los diarios chicha, y éstos no publican las leyes. Siendo así es obvio que falta difusión eficaz.

3.- TUO de Normas.- Hasta el día y hora de esta nota, no existe en la página web del MTC el Texto Único Ordenado de las Normas de Tránsito para facilitar su difusión y cumplimiento. En efecto, el famoso Reglamento Nacional de Tránsito – Pague primero y reclame después – ha sido objeto de múltiples parches o modificaciones que cualquier mortal no está en capacidad de controlar ni entender. La situación irregular que observamos no solo genera confusión, sino que pierde eficacia y fomenta corrupción mediante arreglos oscuros, máxime, cuando el común de los choferes carece de formación jurídica, cívica y vial.

3.- No existe Unidad de Mando.- Este principio vital de la administración moderna está ausente en el manejo del tránsito generando caos y anarquía. Por eso el actual escenario que comprende al Ministerio de Transportes, Municipalidades, SAT, PNP, etc. debe ser corregido en tiempo perentorio, de lo contrario persistirá el desorden y el abuso con los consiguientes resultados de ineficiencia e ineficacia por discrepancias en el reparto de las multas y competencia de la autoridad. Ejemplos: Casos de la vida real.- A) Es de público conocimiento que las autoridades inmersas discuten sobre la distribución y aplicación de porcentajes por concepto de multas deteriorando la imagen institucional, B) Acorde con denuncias públicas la PNP en muchos casos incurre en abusos frente a un parque automotor obsoleto y operado por una población laboral pauperizada. Los vehículos tienen más de veinte años de antigüedad, es decir; son viejos, destartalados, sin mantenimiento, y en esas condiciones mal podrían pasar una revisión técnica, estamos frente a un parque automotor chatarra. Entonces, ¿cómo explicamos que estas unidades sigan circulando?¿qué autoridad lo permite?¿quién entrega licencias de conducir a personas irresponsables que hacen caso omiso a las normas de tránsito y de educación vial?¿porqué permiten que en las puertas de las oficinas del MTC regional pululen tramitadores para todo efecto, mientras la burocracia pone trabas a todo en las ventanillas? En estas condiciones los usuario buscan una solución práctica y real frente al problema, el hambre aprieta las tripas y debemos seguir trabajando, entonces preguntamos: ¿qué es mejor, fácil, y económico; cumplir la confusa y compleja norma o pagar al tramitador y/o dar coima? este razonamiento no avala la corruptela; pero estamos frente a hechos reales que pretendemos explicar, C) Los reclamos están sujetos a una práctica inconstitucional – pague primero y reclame después – no es legal exigir el requisito del previo pago para efectuar un reclamo, menos que frente a la exigencia del pago, éste constituya el reconocimiento y/o aceptación de la infracción. Por eso el SAT aplicando el Reglamento Nacional de Tránsito resuelve declarando Improcedente o Infundado el reclamo. ¿Dónde está el derecho de defensa y debido proceso que garantiza la constitución?

4.- Corrupción y Abuso de la Autoridad.- Es posible que los choferes con treinta años de experiencia o más, alguna vez hayan experimentado la intervención policial y muchos podrían haber sido actores activos o pasivos de coimas. No obstante, los coimeros no entregan comprobante de pago y la SUNAT no los fiscaliza, por tanto las víctimas carecen de prueba instrumental para probar los hechos. Pese a ello, éstos actos han sido tratados por los medios de comunicación social. Conozco el caso de un padre de familia que por parar frente al colegio nacional Santa Rosa de Trujillo para recoger a una niña que salía del centro educativo fue objeto de una papeleta por la infracción E-02 aplicada por el SO1.3.PNP con CIP Nº 3108980 quien actuó de modo prepotente y soberbio. El hecho ocurrido el 28 de abril 2006 y motivó queja escrita ante el despacho del entonces General PNP Octavio Salazar Miranda – Jefe de la Tercera Región PNP de Trujillo (hoy Ministro del Interior). El C.N. Santa Rosa está ubicado en la cuadra cinco del jirón Ayacucho – Trujillo y cuenta con 3,000 alumnas menores de edad. Esta cuadra como todo el centro histórico de la ciudad está pintada como zona rígida cuya medida es incompatible con la presencia del citado centro educativo con más de cien años de antigüedad. ¿Dónde dejar o recoger a una niña menor de edad frente al peligro de inseguridad ciudadana que caracteriza a la ciudad? Precisamente, por esa razón, en la actualidad la propia Municipalidad Provincial contraviniendo sus ordenanzas ha puesto un policía municipal para que controle el tránsito en horas de entrada y salida del colegio; pero no señala una zona libre de parada pese a que de hecho existe. El SATT declaró infundado el reclamo y se quedó con la multa, y la PNP no resolvió la queja. Así la amenaza subsiste como espada de Damocles.

En principio los colegios deben tener obligatoriamente zonas de parqueo y la PNP está obligada a cautelar la seguridad de las menores, pues, un centro educativo con 3,000 alumnas usa transporte escolar y particular, y la educación es un derecho fundamental. De no ser así hasta la actualidad todos los días deberían imponer multas, principalmente a los vehículos de servicio público que no cumplen las normas, pues, obligatoriamente deben parar frente al colegio para dejar y/o recoger a las niñas menores de edad. ¿Cuál es la poderosa razón que permite tanto atropello? De otro lado, algunos PNP y otros son propietarios de taxis que no siempre cumplen con las formalidades de ley, basta pararse un tiempo prudencial en cualquier esquina del centro histórico para observar el tránsito en la ciudad. Deberían empadronarse los vehículos de servicio público, y así además de controlar la observancia de las normas, estaríamos protegiendo la seguridad ciudadana frente al delito que asecha cada día con más fuerza.

5.- Estado y mantenimiento de vías y vehículos.- En este rubro la situación es delicada a nivel nacional. Trujillo por ejemplo es todo un desastre y esta nefasta herencia dejada por el apra no ha podido ser superada por el nuevo gobierno edil de Alianza para el Progreso, algunos dicen que el remedio resultó peor que la enfermedad. En efecto, la ciudad está llena de huecos, existen talleres en las vías públicas que obstruyen el tránsito, faltan semáforos y los existentes son deficientes, el centro histórico es zona rígida; pero está atorada de vehículos estacionados, la contaminación sonora es insoportable. Por su parte el parque automotor en más del cincuenta por ciento está constituido por vehículos chatarra con más de veinte años de antigüedad; otros circulan sin placas, sin parachoques, sin luces, sin SOAT, etc. El caso de las motos es peor.

6.- Jueces de Tránsito.- El derecho de defensa y debido proceso garantizado por la Constitución es vulnerado en materia de tránsito. La exigencia del previo pago de la infracción atenta contra este derecho fundamental. Los Jueces de Tránsito podrían resolver el conflicto siempre y cuando exista un Código de Tránsito con rango de Ley, que abrogando la frondosa y vetusta legislación corrija de modo ágil las deficiencias existentes. Caso contrario todos conocemos los resultados de la justicia en el Perú.

Participación ciudadana.- Todo ciudadano tiene derecho a formular quejas y denuncias sobre los problemas del tránsito. En este caso, podría considerarse el uso masivo de la tecnología con participación ciudadana de manera anónima. Radioprogramas del Perú -RPP- ha establecido los "Rota fonos" que son muy eficaces y transparentes. Caso contrario el ciudadano podría ser víctima de argucias legales con pérdida de tiempo y dinero, amén de represalias. Las autoridades deben dar ejemplo, y para eso empecemos por controlar los vehículos oficiales.

En resumen, el código de tránsito es necesario, pero precisamos fallas que deben ser corregidas. Por lo demás, aplaudimos las medidas draconianas contra los borrachos y drogadictos entre otras. Sería ideal que de la misma forma se sancionara a los PNP que incurran en coimas y abusos torciendo la ley, sólo así estaremos siendo coherentes.

Las fotos muestran el estado caótico sobre cumplimiento de normas