Opinión:
Todo negocio privado valora la rentabilidad; pero el estado somos todos, y
éste tiene el deber y responsabilidad de velar por el bienestar de la sociedad
en su conjunto. Desde ese punto de vista, los combustibles son vitales en la
canasta familiar y deben ser cautelados para evitar la especulación y abuso del
mercado. Ahora bien, si REPSOL vende sus activos es obvio que de acuerdo con
las leyes de oferta y demanda cualquier persona las puede comprar, siendo
evidente que lo harían capitales chilenos que como es de conocimiento público
son dueños de gran parte del Perú. En tales condiciones, no sólo resulta
necesaria la compra de REPSOL por parte del gobierno, sino que es estratégico
hacerlo por derecho y por soberanía.
Desde el punto de vista empresarial, los combustibles son negocios de alta
rentabilidad como la minería, de tal forma que la compra de REPSOL como de una
mina, no sólo estaría orientada a cumplir con la responsabilidad social del
estado; sino además generaría importantes utilidades que podrían servir para
invertir en infraestructura básica y programas sociales de la población
vulnerable.
Sostener lo contrario bajo argumento que el estado es pésimo administrador
por efecto de la corrupción no es razón válida para oponerse a la compra. En
estos casos la corrupción debe ser erradicada en forma total mediante sanciones
drásticas y eficaces, para cuyo objeto deben realizarse las reformas
pertinentes en la estructura legal vigente que resulte obsoleta, ineficaz, y
contradictoria. Pero, lo que estaría ocurriendo es privilegiar la corrupción
como indesligable de la administración pública, y no es así. En todas partes
hay corruptos, incluso en la actividad privada como surge de la profusa
información que dan cuenta los medios de comunicación social referidas a
concesiones petroleras, mineras, etc. así como licitaciones de obras públicas,
compra de bienes, etc., inmersos en colusión y otras formas negativas. Siendo
así, no tiene asidero sostener una oposición subjetiva, máxime cuando otros
países que no podrían tildarse de estatistas lo aplican con éxito como es el
caso de Brasil, Chile, Colombia, etc. Creo que no sólo debería comprarse los
activos de REPSOL, sino que el estado debería considerar la explotación directa
de algunas concesiones mineras en convenio con universidades como la UNI. ¿No
se dan cuenta acaso de las ingentes utilidades que obtienen las mineras,
mientras el estado recibe migajas?
