El caso DOE RUN es grave y reflejaría las consecuencias de deficientes negociaciones contractuales de inicio. Al parecer el gobierno impulsa la inversión; pero no mide correctamente las consecuencias socio económicas que genera la actividad minera, de tal forma que pese a las generosas utilidades que perciben los inversionistas en algunos casos no valoran el capital humano, ni el medio ambiente que contaminan, y por esa razón tenemos estos resultados que agravan el conflicto social creciente en el país.
Sería pertinente, partiendo de los nefastos acontecimientos que ocurren en la Oroya, zona estratégica y emblemática de la minería, que se revisaran los contratos de concesión en general a efecto de aplicar una mejor distribución de los resultados - utilidades - que genera la minería. No deberíamos seguir dependiendo de aportes voluntarios y subjetivos, sino que haciendo transparente los contratos es preciso insertar cláusulas expresas para que el estado como dueño de los recursos obtenga una participación real más justa y equitativa.
Por último, el estado debería hacer respetar la soberanía haciendo prevalecer su autoridad frente a los excesos de los concesionarios de Doe Run. La población de la Oroya y toda la población afectada por la minería debe ser protegida por el estado sin titubeos. Eso entiendo por soberanía.
