En términos reales en Perú no existe seguridad ciudadana plena, incluso no estamos seguros ni siquiera dentro de las propias casas. El delito es lo que más crece y va en paralelo con el narcotráfico. En ese sentido estamos avanzando en forma peligrosa. Para mejor indagación, basta observar la información mediática y estadísticas policiales para corroborar el resultado que envilece la dignidad humana. Algunas referencias del problema podrían ser suficientes para ilustrar y graficar la concepción de algunos escépticos, así tenemos:
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo callejero sin excepción
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de los vehículos de servicio público
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de un bus interprovincial
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de su propia casa. Incluso los campesinos y selváticos sufren los efectos de la delincuencia dentro de su territorio.
• Cualquier persona puede ser víctima de muerte por los facinerosos.
La realidad muestra experiencias degradantes de la sociedad a niveles inconcebibles, máxime, cuando las propias autoridades como los policías que tienen por función esencial resguardar la seguridad ciudadana son pasibles de agresión y tampoco están seguros. ¿Quién cuida a la PNP?
En suma, el problema no es cuestión exclusiva de barrios pobres, marginales, y/o zonas rojas, puesto que la realidad muestra casos insólitos y hechos frecuentes en zonas residenciales de niveles altos como: San Isidro, Miraflores, La Molina, Cieneguilla, Surco, San Borja, San Antonio, etc. Lo mismo ocurre en otras ciudades de la costa como Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote; en la sierra como Huancayo, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Puno, Huaraz; o en la selva como Iquitos, Tarapoto, Tingo María, Pucallpa, Madre de Dios, etc.
Frente a esta caótica situación que refleja una sociedad en crisis y en estado de pobreza motivada por la falta de empleo, no se condice con la afirmación que pretende vender la imagen de un país en crecimiento. Somos una nación inmensamente rica en recursos naturales y materias primas; pero éstas no se orientan al desarrollo nacional, ni mucho menos para salir de la pobreza - falta dar valor agregado a las materias primas mediante la manufactura - y como decía Raymondi, somos mendigos sentados en banco de oro. En efecto, el Oro, zinc, cobre, molibdeno, plata, etc., son explotados por empresas transnacionales sujetas a contratos de concesión leoninos bajo condiciones de estabilidad jurídica y tributaria, cuyos términos deberían ser revisados y renegociados. Por esta razón las zonas mineras por tradición como Huancavelica, Cerro de Pasco, la Oroya, Pataz, Quiruvilca, Ancash, Cajamarca, Puno, etc., son al propio tiempo zonas de pobreza en abierta contradicción con la enorme riqueza que producen para la exportación. Es obvio que los inversionistas amasan inmensas fortunas a costa de la pobreza de los peruanos, cuando lo razonable sería una distribución más justa y equitativa de la riqueza con responsabilidad social y en función del costo – beneficio. Aquí se hace evidente que la brecha social crece en vez de reducirse, y así los ricos se hace más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres. Solo cuando logremos desaparecer esta brecha podríamos pensar en la paz y seguridad ciudadana, caso contrario el conflicto social seguirá vigente creando la necesidad de buscar nuevas formas de protección.
Allí surge la idea de algunos Alcaldes que aplicando alta dosis política han tratado de competir con la deficiente función policial improvisando el conocido "serenazgo" que opera sin amparo legal para usar armas y/o detener personas; y de este modo su presencia resulta intrascendente. En todo caso el estado debería fortalecer la PNP consolidando el principio de autoridad y unidad de mando. Siendo así, el serenazgo sería impertinente y evitaría cualquier interferencia de la función policial. En este caso la seguridad ciudadana es función de la PNP y por ese servicio el pueblo no tiene porque pagar, pues siendo derecho fundamental de la persona corresponde al estado la obligación de garantizar la seguridad de todos los peruanos sin pago alguno. Por tanto el tributo por concepto de seguridad ciudadana que exigen algunos municipios carecen de sustento real y deberían ser eliminados, pues no son eficientes ni eficaces y solo generan más obligaciones al pueblo agudizando la pobreza.
martes, 18 de agosto de 2009
SEGURIDAD CIUDADANA Y PELIGRO COMUN
En términos reales en Perú no existe seguridad ciudadana plena, incluso no estamos seguros ni siquiera dentro de las propias casas. El delito es lo que más crece y va en paralelo con el narcotráfico. En ese sentido estamos avanzando en forma peligrosa. Para mejor indagación, basta observar la información mediática y estadísticas policiales para corroborar el resultado que envilece la dignidad humana. Algunas referencias del problema podrían ser suficientes para ilustrar y graficar la concepción de algunos escépticos, así tenemos:
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo callejero sin excepción
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de los vehículos de servicio público
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de un bus interprovincial
• Cualquier persona puede ser víctima de asalto y robo dentro de su propia casa. Incluso los campesinos y selváticos sufren los efectos de la delincuencia dentro de su territorio.
• Cualquier persona puede ser víctima de muerte por los facinerosos.
La realidad muestra experiencias degradantes de la sociedad a niveles inconcebibles, máxime, cuando las propias autoridades como los policías que tienen por función esencial resguardar la seguridad ciudadana son pasibles de agresión y tampoco están seguros. ¿Quién cuida a la PNP?
En suma, el problema no es cuestión exclusiva de barrios pobres, marginales, y/o zonas rojas, puesto que la realidad muestra casos insólitos y hechos frecuentes en zonas residenciales de niveles altos como: San Isidro, Miraflores, La Molina, Cieneguilla, Surco, San Borja, San Antonio, etc. Lo mismo ocurre en otras ciudades de la costa como Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote; en la sierra como Huancayo, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Puno, Huaraz; o en la selva como Iquitos, Tarapoto, Tingo María, Pucallpa, Madre de Dios, etc.
Frente a esta caótica situación que refleja una sociedad en crisis y en estado de pobreza motivada por la falta de empleo, no se condice con la afirmación que pretende vender la imagen de un país en crecimiento. Somos una nación inmensamente rica en recursos naturales y materias primas; pero éstas no se orientan al desarrollo nacional, ni mucho menos para salir de la pobreza - falta dar valor agregado a las materias primas mediante la manufactura - y como decía Raymondi, somos mendigos sentados en banco de oro. En efecto, el Oro, zinc, cobre, molibdeno, plata, etc., son explotados por empresas transnacionales sujetas a contratos de concesión leoninos bajo condiciones de estabilidad jurídica y tributaria, cuyos términos deberían ser revisados y renegociados. Por esta razón las zonas mineras por tradición como Huancavelica, Cerro de Pasco, la Oroya, Pataz, Quiruvilca, Ancash, Cajamarca, Puno, etc., son al propio tiempo zonas de pobreza en abierta contradicción con la enorme riqueza que producen para la exportación. Es obvio que los inversionistas amasan inmensas fortunas a costa de la pobreza de los peruanos, cuando lo razonable sería una distribución más justa y equitativa de la riqueza con responsabilidad social y en función del costo – beneficio. Aquí se hace evidente que la brecha social crece en vez de reducirse, y así los ricos se hace más ricos mientras los pobres son cada vez más pobres. Solo cuando logremos desaparecer esta brecha podríamos pensar en la paz y seguridad ciudadana, caso contrario el conflicto social seguirá vigente creando la necesidad de buscar nuevas formas de protección.
Allí surge la idea de algunos Alcaldes que aplicando alta dosis política han tratado de competir con la deficiente función policial improvisando el conocido "serenazgo" que opera sin amparo legal para usar armas y/o detener personas; y de este modo su presencia resulta intrascendente. En todo caso el estado debería fortalecer la PNP consolidando el principio de autoridad y unidad de mando. Siendo así, el serenazgo sería impertinente y evitaría cualquier interferencia de la función policial. En este caso la seguridad ciudadana es función de la PNP y por ese servicio el pueblo no tiene porque pagar, pues siendo derecho fundamental de la persona corresponde al estado la obligación de garantizar la seguridad de todos los peruanos sin pago alguno. Por tanto el tributo por concepto de seguridad ciudadana que exigen algunos municipios carecen de sustento real y deberían ser eliminados, pues no son eficientes ni eficaces y solo generan más obligaciones al pueblo agudizando la pobreza.
