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Es lamentable la situación creada por deficiencias en la calificación y designación de la persona idónea para ocupar el alto cargo de Contralor General de la República. Pues, este funcionario goza de autonomía por imperio del artículo 82º de la Constitución Política, y su función esencial tiene por objeto: "Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control"
Entonces; si la persona designada es cuestionada por el débil soporte del currículo que lo descalifica, ¿con qué autoridad moral podría cumplir esta delicada función? Simplemente no sería viable. Estamos frente a un hecho insólito, y como corolario de los nefastos acontecimientos, éste ha concluido con la intervención del señor Presidente de la República anunciando lo siguiente: “
Hoy, he dirigido una carta al Congreso de la República devolviendo la resolución legislativa que aprobó el nombramiento (de Suárez) y pidiendo que se deje sin efecto.” (El Peruano 31-01-2009)
Debemos reflexionar sobre estos hechos, máxime, cuando el Perú confronta una serie de escándalos cada vez más bochornosos e inauditos. Allí están las irregularidades denunciadas con motivo del sismo ocurrido en Pisco, los patrulleros, los petro audios, etc. etc., cuya lista sería larga de enumerar. Por eso la persona designada debería ser intachable, incuestionablemente demócrata, independiente en el ejercicio de la función, conocedora de la materia, de carácter firme, y experimentada. Solo así podría actuar con autonomía.
El estado som
os todos, y el Perú tiene ingentes recursos naturales depredados, otros son entregados en concesión a los denominados inversionistas que gozan de contratos ley con estabilidad jurídica y tributaria amparados por la Constitución de 1993 promulgada por Fujimori. No obstante, no se descarta en forma plena que podrían existir concesiones lesivas para el interés nacional. Así mismo, se debe cautelar el uso correcto de los recursos presupuestales y financieros, para cuyo efecto resulta imperativa y muy importante las acciones de control. Por eso; la persona designada debe ser idónea y libre de cualquier cuestionamiento que lo descalifique, pues, las acción contralora podría colisionar con intereses de terceros y para ello es preciso plena fortaleza moral para hacer respetar el interés nacional, caso contrario cualquier intento contralor sería deleznable por impacto de la corrupción. Desde este punto de vista, la persona designada cuya acción se dejó sin efecto, no ha dado muestras suficientes de sus fortalezas y la propuesta ha fracasado desmereciendo el trabajo de la comisión encargada de seleccionarla.
Nuestra reflexión y propuesta apunta a la necesidad de seleccionar al funcionario contralor mediante concurso público nacional partiendo de un marco referencial que podría considerar los siguientes requisitos fundamentales:
• Peruano de nacimiento con edad mínima de 45 años
• Título profesional universitario con experiencia probada no menor de 15 años, de preferencia Contador Público, Licenciado en Administración, y/o Economista.
• Los grados de doctor, magister, Ph. D. y/o brujo son opcionales. Lo importante es ser un señor a toda prueba.
• Sólida convicción democrática y plena identidad nacionalista
• El salario será el que fije el sistema único de remuneraciones. Debemos tener presente que éste es un puesto de servicio a la nación, y no una oportunidad para enriquecer al titular.
Por último, precisamos que el sistema nacional de control requiere necesariamente una reingeniería para actualizar procedimientos y reajustar la organización. Pues, conforme a los resultados que observamos parecería ser obsoleta, debiendo ser ágil, eficiente y eficaz, dando mérito a la calidad técnica y profesional, antes que a los contactos políticos.
Debemos remarcar que en el Perú existen cerca de cien (100) universidades y cada una de ellas cuenta con tres o más filiales. En forma general todas venden sus productos como cualquier mercancía, de tal forma que abundan profesionales de todo tipo que por falta de trabajo muchos viajan al extranjero y otros engrosan las filas del sub empleo y desempleo; no obstante, la posesión de uno o más títulos no acredita sabiduría y calidad profesional, máxime, cuando actualmente es factible obtener títulos simultáneos matriculándose previo pago en dos o más universidades. Todo depende del poder económico del cliente, y ello no es garantía de capacidad, cultura, ni experiencia. Grandes hombres como Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, César Abraham Vallejo Mendoza, y otros no tenían tantos títulos de doctores; pero pocos o ninguno ha podido superar a estos ilustres peruanos.
Entonces; si la persona designada es cuestionada por el débil soporte del currículo que lo descalifica, ¿con qué autoridad moral podría cumplir esta delicada función? Simplemente no sería viable. Estamos frente a un hecho insólito, y como corolario de los nefastos acontecimientos, éste ha concluido con la intervención del señor Presidente de la República anunciando lo siguiente: “Hoy, he dirigido una carta al Congreso de la República devolviendo la resolución legislativa que aprobó el nombramiento (de Suárez) y pidiendo que se deje sin efecto.” (El Peruano 31-01-2009)
Debemos reflexionar sobre estos hechos, máxime, cuando el Perú confronta una serie de escándalos cada vez más bochornosos e inauditos. Allí están las irregularidades denunciadas con motivo del sismo ocurrido en Pisco, los patrulleros, los petro audios, etc. etc., cuya lista sería larga de enumerar. Por eso la persona designada debería ser intachable, incuestionablemente demócrata, independiente en el ejercicio de la función, conocedora de la materia, de carácter firme, y experimentada. Solo así podría actuar con autonomía.
El estado som
os todos, y el Perú tiene ingentes recursos naturales depredados, otros son entregados en concesión a los denominados inversionistas que gozan de contratos ley con estabilidad jurídica y tributaria amparados por la Constitución de 1993 promulgada por Fujimori. No obstante, no se descarta en forma plena que podrían existir concesiones lesivas para el interés nacional. Así mismo, se debe cautelar el uso correcto de los recursos presupuestales y financieros, para cuyo efecto resulta imperativa y muy importante las acciones de control. Por eso; la persona designada debe ser idónea y libre de cualquier cuestionamiento que lo descalifique, pues, las acción contralora podría colisionar con intereses de terceros y para ello es preciso plena fortaleza moral para hacer respetar el interés nacional, caso contrario cualquier intento contralor sería deleznable por impacto de la corrupción. Desde este punto de vista, la persona designada cuya acción se dejó sin efecto, no ha dado muestras suficientes de sus fortalezas y la propuesta ha fracasado desmereciendo el trabajo de la comisión encargada de seleccionarla.
Nuestra reflexión y propuesta apunta a la necesidad de seleccionar al funcionario contralor mediante concurso público nacional partiendo de un marco referencial que podría considerar los siguientes requisitos fundamentales:
• Peruano de nacimiento con edad mínima de 45 años
• Título profesional universitario con experiencia probada no menor de 15 años, de preferencia Contador Público, Licenciado en Administración, y/o Economista.
• Los grados de doctor, magister, Ph. D. y/o brujo son opcionales. Lo importante es ser un señor a toda prueba.
• Sólida convicción democrática y plena identidad nacionalista
• El salario será el que fije el sistema único de remuneraciones. Debemos tener presente que éste es un puesto de servicio a la nación, y no una oportunidad para enriquecer al titular.
Por último, precisamos que el sistema nacional de control requiere necesariamente una reingeniería para actualizar procedimientos y reajustar la organización. Pues, conforme a los resultados que observamos parecería ser obsoleta, debiendo ser ágil, eficiente y eficaz, dando mérito a la calidad técnica y profesional, antes que a los contactos políticos.
Debemos remarcar que en el Perú existen cerca de cien (100) universidades y cada una de ellas cuenta con tres o más filiales. En forma general todas venden sus productos como cualquier mercancía, de tal forma que abundan profesionales de todo tipo que por falta de trabajo muchos viajan al extranjero y otros engrosan las filas del sub empleo y desempleo; no obstante, la posesión de uno o más títulos no acredita sabiduría y calidad profesional, máxime, cuando actualmente es factible obtener títulos simultáneos matriculándose previo pago en dos o más universidades. Todo depende del poder económico del cliente, y ello no es garantía de capacidad, cultura, ni experiencia. Grandes hombres como Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, César Abraham Vallejo Mendoza, y otros no tenían tantos títulos de doctores; pero pocos o ninguno ha podido superar a estos ilustres peruanos.
