El respaldo del Presidente Alan García al Ministro del Interior constituye regla fundamental para garantizar el principio de autoridad, caso contrario estaríamos en situación de anarquía. Desde ese punto de vista la actitud del señor Presidente es correcta, pues, está haciendo respetar la ley y el estado de derecho dando cumplimiento al fallo judicial. Así es la correcta administración.
Los fallos y sentencias firmes con autoridad de cosa juzgada deben cumplirse obligatoriamente observando el debido proceso sin disc
usión ni retardo, así lo consagra el artículo 139º numeral 2) de la Constitución Política, y artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El señor Presidente por mandato constitucional tiene entre otras atribuciones el deber de “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”; así lo prescribe el artículo 118º numeral 9) de la Constitución Política. Por esa razón sería loable que hiciera lo propio cuando los fallos cautelan el derecho de los trabajadores (pensionistas y jubilados) luego de tanta lucha con alto costo social y económico. Pero la realidad no muestra coherencia, y es por eso que existen fallos y sentencias fundadas que amparan derechos laborales y sociales que no se cumplen atentando contra el estado de derecho y la democracia. Un ejemplo singular evidente, y de hecho censurable que causa escarnio es el Expediente Nº 1991-00009-0-0201-JM-CI-1 del Primer Juzgado Mixto de Huaraz - Ancash. Allí consta la Liquidación de Haberes Insolutos practicada por la dictadura de Fujimori, por la vil y miserable suma de TREINTA Y UN CENTAVOS DE NUEVO SOL (S/. O.31), que la democracia tiene el deber de corregir. Debemos ser coherentes, y del mismo modo como se ha hecho respetar la ley y la sentencia en el caso del bosque de Pomac en Lambayeque, y mercado de Santa Anita, sería saludable que se hiciera cumplir esta sentencia. Todos somos iguales ante la ley, nadie debe ser discriminado.
usión ni retardo, así lo consagra el artículo 139º numeral 2) de la Constitución Política, y artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El señor Presidente por mandato constitucional tiene entre otras atribuciones el deber de “cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”; así lo prescribe el artículo 118º numeral 9) de la Constitución Política. Por esa razón sería loable que hiciera lo propio cuando los fallos cautelan el derecho de los trabajadores (pensionistas y jubilados) luego de tanta lucha con alto costo social y económico. Pero la realidad no muestra coherencia, y es por eso que existen fallos y sentencias fundadas que amparan derechos laborales y sociales que no se cumplen atentando contra el estado de derecho y la democracia. Un ejemplo singular evidente, y de hecho censurable que causa escarnio es el Expediente Nº 1991-00009-0-0201-JM-CI-1 del Primer Juzgado Mixto de Huaraz - Ancash. Allí consta la Liquidación de Haberes Insolutos practicada por la dictadura de Fujimori, por la vil y miserable suma de TREINTA Y UN CENTAVOS DE NUEVO SOL (S/. O.31), que la democracia tiene el deber de corregir. Debemos ser coherentes, y del mismo modo como se ha hecho respetar la ley y la sentencia en el caso del bosque de Pomac en Lambayeque, y mercado de Santa Anita, sería saludable que se hiciera cumplir esta sentencia. Todos somos iguales ante la ley, nadie debe ser discriminado. 
